Kinkalla
"No puede volver a dormir tranquilo aquel que una vez abrió los ojos"
A 25 años de la insurrección popular del 27 de Febrero de 1989
por Gabriel de los Santos
“Catorce días después de asumir la
Presidencia de la República, Carlos Andrés Pérez se dirige a la nación
-el 16 de febrero a las 5:30 de la tarde- para hacer el anuncio de las
nuevas medidas y entre otras cosas afirmó que había encontrado ‘la
botija vacía’. Habló de producir el ‘gran viraje’, refiriéndose a la
necesidad del venezolano de cambiar sus hábitos de consumo, de la
necesidad de modernizar al país y profundizar la democracia, y afirmó
también que su programa de medidas haría crecer la economía de manera
sostenida. Enumeró errores y omisiones del pasado y señaló el ‘frenesí
exportador estimulado desde el Gobierno’. Fustigó la vieja y cómoda
tradición de ‘tapar los huecos con remiendos’ y dijo que actuaría sin
concesiones, aun cuando sus decisiones no fueran comprendidas” (1).
El paquetazo de CAP contemplaba,
básicamente, liberación general de precios de bienes y servicios, con lo
cual la inflación se duplicó, pasando del 40% al 81%, liberación de las
importaciones, liberación de las tasas de interés, eliminación del
control de cambio, aumento de los precios de los servicios públicos,
aumento de un 100% del precio de la gasolina, reducción del tamaño del
Estado y del gasto público a partir de la privatización de empresas
estatales como la CANTV, entre otras, la congelación de los cargos en la
administración pública y de los salarios, y la eliminación de
subsidios. El premio que le otorgó el capital internacional al otrora
reformista, devenido en obsecuente neoliberal, por sus diligentes
servicios fue un nuevo crédito de U$ 4.500 millones para que pudiera
echarle algo a la botija vacía. Lo que también echó CAP con su programa
fondomonetarista fue gasolina sobre la recalentada paciencia de las
masas.
Los días posteriores al anuncio de Pérez
se produjo una verdadera orgía especulativa por parte de los
capitalistas que se sintieron finalmente libres para subir precios y
esconder productos a su antojo y sin ninguna supervisión por parte del
Estado. Desaparecieron así, de un día para otro, la leche, el arroz, el
café, el azúcar, el aceite comestible y la harina de maíz, entre otros.
Con todo esto no hizo más que acelerarse el proceso molecular que venía
haciendo crecer el malestar entre las masas empobrecidas, que veían
impotentes como día a día su situación empeoraba, mientras en el otro
extremo la burguesía ostentaba descaradamente su riqueza en bodas y
fiestas faraónicas.
A lo anterior había que sumarle un
sentimiento también creciente de desengaño con el hasta entonces popular
Gocho, en quien habían depositado sus mejores esperanzas para que
revirtiera su situación y, por el contrario, las había terminado
traicionando. Esta mezcla explosiva acumulaba temperatura minuto a
minuto y era evidente que en la sociedad se estaban incubando las
condiciones para una nueva situación prerrevolucionaria. El domingo 26
de febrero el Ministerio de Energía y Minas anunció un aumento de 35% en
los precios de la gasolina y de 30% en el transporte público para
comenzar a aplicarse a partir de ese lunes 27, haciendo la salvedad que
luego de 3 meses estos aumentos podrían llevarse al 100%. Al día
siguiente, los capitalistas del transporte, en medio de la vorágine
liberal desatada por el paquete de CAP, consideraron que un aumento del
pasaje de 30% era muy poco y lo llevaron al 80%. Sería el grado de
temperatura que faltaba para hacer estallar la paciencia del pueblo. Los
trabajadores que en la madrugada de ese lunes hacían cola en las
paradas de Guarenas y Guatire para subir a Caracas a cumplir su jornada
laboral no soportaron más tanta humillación.
La protesta, pacífica en un comienzo,
pronto se transformó en una explosión de ira que fue arrasando a su paso
con vehículos y comercios. Contrariamente a lo que informaban los
medios de la burguesía, que se trataba de hordas de delincuentes
violentos, las masas no saquearon hospitales, ni dispensarios, ni
escuelas, ni siquiera farmacias, sino que concentraron su acción sobre
los comercios de los especuladores, de los que los estaban haciendo
pasar hambre, sobre los bancos y las edificaciones policiales. Por
cierto, que en muchos de los comercios saqueados se encontraron
almacenadas grandes cantidades de productos de primera necesidad que
estaban desaparecidos de los anaqueles. La chispa de Guarenas
rápidamente se propagó por todas las ciudades del país como por una
pradera seca. Hacia el mediodía la espontánea insurrección popular se
había transformado en un tornado que sacudía de arriba abajo a Venezuela
y ponía contra las cuerdas al sistema y a su gobierno burgués.
Desafortunadamente, después de tantos
años de sistemática destrucción de cualquier tipo de organización
popular, las masas no contaron con una dirección que unificara y guiara
la insurrección hacia objetivos medianamente revolucionarios. Los
trabajadores, por su parte, tampoco participaron organizadamente sino en
carácter individual, diluidos entre las masas. Lo cual no era una
sorpresa pues la principal central sindical de la época, la CTV, días
antes había dado su apoyo a CAP a través de un documento aprobado
mayoritariamente por su Comité Ejecutivo, en el cual “reconocía el
derecho del gobierno de definir la política económica del país” (2). En
pocas palabras, la burocracia sindical adeca le había dado carta blanca a
Pérez para proceder con su paquete mientras ella se encargaba de
desmovilizar a los trabajadores. Con todos estos ingredientes, el
alzamiento popular estaba condenado de antemano a la derrota y a no
pasar de ser una momentánea válvula de escape a tanta ira contenida.
Está claro que la burguesía y su gobierno
fueron tomados por sorpresa por la acción espontánea del pueblo que
durante un día completo hizo tambalear la institucionalidad del Estado
burgués, inclusive rebasando la primera línea de su aparato represor.
Sin embargo, ya para la noche del lunes 27 la burocracia gobernante, con
el apoyo de los diferentes partidos de la burguesía, había tomado
consciencia de la gravedad de la situación y, acicateada por la propia
burguesía desde sus medios de difusión, se dispuso a responder con todo
el poder represivo del Estado.
“El Ministro de la Defensa aboga por
la ejecución del Plan ‘Ávila’, que era así como se conocía al ‘Plan
Operativo Vigente’. El mismo sería responsabilidad del Comando
Estratégico del Ejército bajo la dirección del Gral. (Ej.) Manuel Heinz
Azpurua, apoyado por el Regional 5 de la GN a las órdenes del Gral. (GN)
Freddy Maya Cardona, la Policía Metropolitana (PM) y los organismos
DISIP y Dirección de Inteligencia Militar (DIM). Mientras que la Policía
Técnica Judicial (PTJ) continuaría realizando sus funciones” (3).
Para preparar el terreno y garantizar la impunidad de los represores,
los “demócratas” burgueses suspendieron las garantías constitucionales y
decretaron la ley marcial.
En la madrugada del 28 de febrero el
ejército profesional comenzó a movilizarse desde Fuerte Tiuna y a
desplegarse por toda la ciudad. Estas fuerzas serían a su vez reforzadas
con tropas traídas del interior del país. El despliegue fue tan grande
que daba la impresión que lo que se preparaba era la defensa de la
ciudad de una hipotética invasión extranjera. Pero no, no se organizaba
ninguna defensa que no fuera la del capital. El aparato represor del
Estado burgués tomaba posiciones para cumplir con su principal función:
la protección de la propiedad privada de los capitalistas.
A partir de ese momento se desataría una
represión indiscriminada y brutal contra las masas desarmadas, contra
los pobres y explotados de la sociedad capitalista venezolana que
duraría varios días y dejaría un saldo de unas 3.000 víctimas fatales
entre muertos y desaparecidos. En aquella acción represiva quedaría
reflejada mejor que en ninguna otra todo el odio de clase de la
burguesía y sus representantes. Odio originado en el profundo miedo que
siempre le han tenido al pueblo, ya que no sólo trataron de aplastar el
alzamiento popular sino, principalmente, de dar un escarmiento ejemplar a
las masas para que más nunca tuvieran la osadía de rebelarse. “El
mensaje fue claro, era orden y advertencia: El 27 y 28 de febrero son
sangriento espejo de cómo los gobernantes imponen el neoliberalismo. CAP
impuso medidas empobrecedoras al pueblo venezolano para luego ordenar
que se les disparara cuando protestaron. ‘El Caracazo’ no sólo fue una
respuesta a las medidas empobrecedoras impuestas por el Fondo Monetario
Internacional y acatadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, sino
también la expresión popular que no tenía forma de canalizar su
descontento ante la corrupción generalizada y la crisis generada por los
gobiernos de la democracia representativa” (3).
En lo que tampoco existieron dudas fue en
la unanimidad de criterio que demostró la clase dominante y sus
distintos laderos a la hora de suscribir las acciones represivas del
Estado. En ese sentido, Hugo Fonseca Viso, presidente de Fedecámaras, el
sindicato de capitalistas, declararía: “Nosotros creemos que ha sido muy acertada la medida anunciada por el Presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, [se refería a la suspensión de las garantías constitucionales, NdA] en
el sentido de que es necesario tomar decisiones para contener las
manifestaciones totalmente exorbitadas, fuera de control e innecesarias
que se han producido en las últimas horas con pérdidas graves de vidas” (4).
La burocracia sindical adeca no se
quedaría atrás y en la voz de César Gil, miembro de la Comisión
Ejecutiva de la CTV, achacaría a supuestos “grupos extremistas” los
hechos que estaban ocurriendo: “… los últimos incidentes ocurridos en
todo el territorio nacional fueron producto de la planificación de
grupos irregulares que venían preparando desde hace tiempo esta ola de
revueltas y violencia… además señaló [César Gil, NdA] que todo el
pueblo venezolano tendrá que ir tomando conciencia sobre la realidad de
un país en donde los recursos se han acabado totalmente y se ha
transformado en una especie de cuerpo enfermo al cual hay que tratarlo
con medicinas muy fuertes para salvarlo” (5).
La “democrática” diputada de AD, “el
partido del pueblo”, Paulina Gamus, mentora en ese entonces de la hasta
hace poco ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, opinaría que
las acciones que se desarrollaban en las calles eran “un
aprovechamiento que está haciendo alguna gente, que lejos de contribuir a
que el país resuelva los problemas de una manera armónica, lo que están
creando son problemas de alterar el orden público y están atentando
contra nuestra estabilidad democrática” (6).
Su colega de cargo y partido, el también “demócrata” Carlos Canache Mata, aclaró que “defendería la suspensión de las Garantías Constitucionales”, en las que se apoyó la represión de aquellos días de febrero, “porque
están previstas en el artículo 241 de la Carta Magna cuando hay graves
circunstancias que afecten la vida económica y social de la Nación” (7).
Mientras el aparato represor del Estado
burgués se encontraba aplastando a sangre y fuego a las masas en las
calles, ese mismo día 28 una delegación del gobierno socialdemócrata
encabezada por el banquero Pedro Tinoco (presidente del BCV) y los
ministros Miguel Rodríguez (Planificación) y Egleé Iturbe de Blanco
(Hacienda) se arrodillaban ante el capital financiero mundial y firmaban
en Washington la Carta de Intención con el FMI. Por la misma el
gobierno burgués de Pérez se comprometió a: “a) restricción del gasto
fiscal; b) restricción de los niveles salariales; c) unificación del
régimen cambiario con paridad unitaria y flotante; d) tasas de interés flexibles y aumento inmediato de los niveles de las tasas de interés reguladas, eliminación
de los créditos a tasas preferenciales para la agricultura,
establecimiento de las tasas de interés por el mercado tan pronto como
fuera posible; e) reducción de los controles de precios; f) postergación de programas de inversión de baja prioridad; g) reducción de los subsidios; h) introducción de un impuesto sobre la venta; i) ajuste de las tarifas de los bienes y servicios provistos por empresas estatales, incluyendo los precios de los productos petroleros en el mercado interno; j) reforma en el régimen comercial, incluyendo la eliminación de la mayor parte
de las excepciones en las tarifas y liberalización de las
importaciones; k) levantamiento de las restricciones de las
transacciones internacionales, incluyendo la inversión extranjera y la repatriación de dividendos” (8).
Consumada la masacre contra el pueblo,
saldrían los falderos de la burguesía a “expresar su sorpresa por la
reacción de las masas” ante un programa tan “racional” como el del FMI.
Moisés Naím, un agente del capital financiero internacional colocado por
éste en el gabinete de CAP como ministro de Fomento para que
supervisara personalmente la implementación del paquete económico, años
después diría cínicamente “que el Caracazo no se debió a que la
política económica estuviera fundamentalmente errada, sino a una falla
comunicacional por parte del gobierno” (9).
Otro de los miembros de aquel equipo all star del
FMI, el ministro de Planificación Miguel Rodríguez Fandeo, también
defendería la aplicación del programa neoliberal alegando que no había
otra salida para la crisis económica. Evidentemente, estos “genios
económicos” que no se cansan de alabar las virtudes de un sistema
moribundo e inviable que desde hace más de cien años agoniza de crisis
en crisis, en su necesidad de justificar la rapiña de sus amos siempre
han sido capaces de decir las barbaridades más insólitas sin siquiera
sonrojarse.
Por el contrario, quien los asesoraba en
aquel entonces, el economista Jeffrey Sachs, otro burócrata de las
instituciones del capitalismo financiero mundial, en 2005 se desdeciría
de lo que aconsejaba en 1989: “De algún modo, la actual economía del
desarrollo es como la medicina del siglo dieciocho, cuando los doctores
aplicaban sanguijuelas para extraer sangre de los pacientes, a menudo
matándolos en el proceso. En el último cuarto de siglo, cuando
los países empobrecidos imploraban por ayuda al mundo rico, eran
remitidos al doctor mundial del dinero, el FMI. La prescripción
principal del FMI ha sido apretar el cinturón presupuestario de
pacientes demasiado pobres como para tener un cinturón. La austeridad
dirigida por el FMI ha conducido frecuentemente a desórdenes, golpes y
el colapso de los servicios públicos. En el pasado, cuando un programa
del FMI colapsaba en medio del caos social y el infortunio económico, el
FMI lo atribuía simplemente a la debilidad e ineptitud del gobierno.
Esa aproximación, por fin, está comenzando a cambiar” [el
resaltado es nuestro, NdA] (9). Este no es más que un ejemplo del
caradurismo y el empirismo de la gente que maneja la economía mundial
gracias a la pervivencia del sistema capitalista. Atrás quedaban los
3.000 muertos del Caracazo y todos los que se murieron de hambre en
algún rincón olvidado sin entrar en las estadísticas.
A nuestro entender, la insurrección
popular de 1989 fue, después de la revolución de 1958 y de las jornadas
revolucionarias de 1936, el mayor hito de la lucha de clases de la
Venezuela del siglo XX y marcaría el inicio de una nueva situación
prerrevolucionaria en el país. Durante esos días explotados y
explotadores se enfrentaron a muerte con toda la violencia que suele
caracterizar estos momentos históricos, aunque uno de los bandos no lo
supiera y concurriera al combate con la enorme desventaja de ir
desarmado, sin un programa y sin dirección. Esta situación haría quedar a
las masas a merced del odio de su enemigo de clase y condenadas de
antemano a la derrota.
Como en una gigantesca escenografía cada
acto se iría desarrollando con una previsibilidad casi matemática, lo
cual no tenía nada de extraño pues formaba parte de una obra
representada muchas veces antes en la historia de la humanidad. Es así
como la indignación inicial de los trabajadores ante un nuevo abuso de
sus opresores, expresada a través de una protesta pacífica de no aceptar
pagar el precio del pasaje, rápidamente se transformó en ira violenta
que quemó y saqueó lo que a los ojos de los explotados son los
instrumentos directos a través de los cuales los explotadores los
expolian silenciosamente cada día: los establecimientos comerciales y
los medios de transporte.
De ahí a quemar las edificaciones
policiales, primera línea del aparato represor estatal, fue un paso pero
de una gran importancia pues dentro de la confusión inicial le dio a la
protesta un objetivo más definido al ubicar al Estado en el lugar que
le corresponde: como una herramienta de la clase dominante. En la medida
que la situación de malestar era generalizada, las primeras acciones en
Guarenas pronto se convirtieron en un ejemplo a seguir para el resto de
las masas del país que se lanzaron a las calles y le terminarían de dar
a las jornadas de febrero su carácter insurreccional.
Por su parte, la explicación a tanta
violencia desatada en esos días habría que buscarla en el hecho que en
ese acto las masas venezolanas pudieron liberar una buena cantidad de la
humillación e impotencia que acumularon durante décadas. La reacción de
la clase dominante también era previsible. Luego de la sorpresa
inicial, la burguesía y todos sus colaboradores (partidos políticos,
medios de comunicación, iglesia, dirigentes sindicales, entre otros) se
mostraron con su verdadero rostro, dejaron de lado el discurso
demagógico con el que intentan adormecer y seducir al pueblo en períodos
electorales, cerraron filas como un solo hombre en torno al gobierno
burgués de turno y accionaron el aparato represor de su Estado para
aplastar a sangre y fuego a las masas insurrectas. Sin embargo, esta
victoria circunstancial de los capitalistas dejó al descubierto el
resquebrajamiento que ya existía dentro de la clase burguesa y la
debilidad de su régimen, que a partir de aquí se iría desmoronando
aceleradamente hasta su caída diez años después.
Los explotadores ya no tenían un control
tan firme del poder y los explotados no estaban tan dispuestos a
seguirlo siendo. Es por ello que para el proletariado la insurrección de
las clases oprimidas en 1989 es una insustituible e invalorable fuente
de aprendizaje para futuras luchas, porque en la misma aparecieron
nítidamente demarcados los papeles de cada uno de los protagonistas de
la lucha de clases en el capitalismo y los elementos subjetivos que
determinan la victoria o la derrota, en donde el rol de la organización
revolucionaria se vuelve fundamental.
Notas:
- VENEZUELA EN LA DECADA DE 1990: GLOBALIZACIÓN, VIOLENCIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, Alejandro Mendible Zurita, http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2001/MendibleZuritaAlejandro.pdf
- Últimas Noticias, 14 de febrero de 1989, pág. 7
- http://derechoshumanosunefamonasterio.blogspot.com/2012/01/comoparte-del-recuento-de-las-causas.html
- 27-F para siempre en la memoria de nuestro pueblo, Defensoría del Pueblo, Caracas 2011, pág. 165
- ibídem, pág. 167
- ibídem, pág. 168
- http://www.monografias.com/trabajos91/historia-cotemporanea-venezuela/historia-cotemporanea-venezuela.shtml
- Ajustes, costos sociales y la agenda de los pobres en Venezuela: 1984-1998, Margarita López Maya y Luis E. Lander
- Apostilla a un texto defectuoso, Luis Enrique Alcalá, http://doctorpolitico.com/?p=18176